¿Sabes qué es el TPP?

La firma del Trans-Pacific Partnership #TPP: violación de derechos y retroceso democrático

A espaldas de la ciudadanía, el gobierno mexicano recién firmó un tratado comercial con vastas consecuencias para los derechos humanos y la vida democrática de la nación.

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Mientras el país atraviesa por una grave crisis ocasionada por los escándalos de corrupción y la tragedia de la desaparición forzada de los 43 normalistas, en Washington doce países negociaron un “tratado de libre comercio” en absoluto secreto: el Acuerdo de Asociación Transpacífico (o TPP por sus siglas en inglés). Aún falta que el Senado lo apruebe para que forme parte de nuestra legislación, pero las negociaciones ya se cerraron y Peña nieto ya firmó.

El nombre es engañoso. No es una simple “asociación”, sino un pacto en el que Estados Unidos impone las condiciones y el resto de las naciones involucradas (México, Australia, Brunei, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Canadá) deben limitarse a obedecerlas.

El tema no es menor, ya que el TPP contiene estipulaciones que lesionan los derechos a la salud, educación, libertad de expresión y acceso a la información. Entre otras cosas, el TPP endurece el sistema de patentes farmacéuticas obstaculizando la producción de medicamentos genéricos; aumenta la criminalización de quienes comparten contenidos en internet, incluso sin fines comerciales, y permite que empresas multinacionales demanden a los países miembros por cualquier conducta o legislación que consideren contraria al tratado. En pocas palabras, el TPP consagra la capacidad de los intereses privados para dictar los contenidos de las leyes nacionales, aunque se afecte a las poblaciones: un principio eminentemente anti-democrático.

Un manto de secrecía ha cubierto al texto del tratado, ese que potencialmente va a lastimar los derechos de todos los ciudadanos de los países firmantes. Hasta ahora, lo único que sabemos proviene de filtraciones publicadas por Wikileaks, pero seguimos desconociendo el resto de los contenidos, en particular las normas relativas al medio ambiente, el trabajo y las empresas estatales.

Se ha querido disfrazar al TPP como un tratado de libre comercio que supondrá beneficios económicos para nuestro país, como “la mayor apertura comercial para México en los últimos 21 años.” Esto es falso. Sus contenidos no implican una mayor apertura comercial —que ya se produjo con tratados como el TLCAN, cuyo proceso de liberalización marginó, además, a sectores vulnerables— ni un beneficio económico. Premios Nobel de Economía como Paul Krugman y Joseph Stiglitz se han pronunciado en contra del acuerdo argumentando que “es imposible concluir que el TPP aumente las economías de los países negociadores en más de 1%” de su PIB. En el caso específico de nuestro país, el Instituto de Estrategia Económica de Washington ha estimado que se podrían perder hasta 30,000 empleos.

Frente a este panorama, surgen dos preguntas de fondo. ¿Cómo cambiarían leyes mexicanas una vez que sea firmado el TPP? Y aún más importante: ¿por qué el gobierno mexicano negoció y firmará un tratado que amenaza los derechos humanos y no beneficia la economía nacional?


La perpetuación de la propiedad intelectual

En términos del régimen de derechos, el primer escenario preocupante es el que atañe a los derechos de autor. El último documento filtrado incluye la propuesta de que estos derechos sean protegidos legalmente no solo durante la vida del autor, sino hasta 50 y 100 años después de su muerte. Esto implica que los autores y creadores de música, libros o películas puedan tener la exclusividad sobre sus creaciones no solo mientras vivan, sino que ese beneficio se extienda a sus descendientes durante largos periodos de tiempos, con el efecto de que las restricciones a la circulación de las obras continuarían hasta un siglo después de la muerte del autor.

México es, de por sí, el país que cuenta con la peor legislación del mundo en este sentido, ya que el artículo 29 de la Ley de Derechos de Autor ya extiende la protección autoral hasta 100 años después del fallecimiento de los creadores. El plazo significa que tiene que pasar mucho tiempo antes de que las obras entren al “dominio público” y puedan ser libremente utilizadas, copiadas, vendidas o descargadas.

Los anterior nos lleva al siguiente punto crucial del TPP: ¿Qué va a pasar con los derechos de autor en internet? Uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo es que obligaría a los países a endurecer los castigos contra violaciones de los derechos de autor en línea, perjudicando a los usuarios de internet en nuestro país con la posibilidad de condenas más severas.

Normalmente, “comunicar, usar, reproducir, almacenar, distribuir, copiar o vender una obra protegida por el derecho de autor” se considera en México un delito, siempre y cuando se pretenda ganar dinero con dichas actividades. Para este delito el artículo 231 de Ley de Derechos de Autor establece una multa de entre $250,000 y $2.8 millones de pesos, y el artículo 424bis del Código Penal Federal una pena de tres a diez años de cárcel.

El TPP requiere a los países desaparecer la existencia de interés comercial como condición del delito, de modo que ya no necesariamente se necesitaría tener un ánimo de lucro para ser responsable. En otras palabras: cualquier persona que comparta cosas de internet sin pagar al titular de los derechos puede terminar yendo a la cárcel y pagando grandes multas, aunque el intercambio haya sido realizado para fines personales y sin voluntad de ganar dinero a costa de ello.

Imagen de la Internet

Imagen de la Internet

¿Qué sentido tiene esto en un país como México, en donde las cárceles están sobrepobladas con presos y presas que viven en condiciones dramáticas? ¿Por qué perseguir delitos inocuos cuando existen crímenes deplorables que verdaderamente afectan a la sociedad? El enorme gasto de recursos que necesitarían los mecanismos penales, judiciales y policiales dedicados a perseguir los “delitos digitales” podría ocuparse en temas más urgentes.

Por si fuera poco, el TPP obliga a regular a empresas como YouTube, Facebook, Twitter o WordPress al establecer un régimen de responsabilidad especial en caso de que estas “se enteren” de violaciones a derechos de autor y no retiren los contenidos infractores de inmediato. Lo que esto generará es que, para no incurrir en responsabilidades, las empresas comenzarán a censurar de más y a eliminar contenidos legales. No olvidemos que Enrique Peña Nieto ha usado el “copyright” como pretexto para suprimir videos de Youtube. Sin la supervisión de un juez o un mecanismo estatal, en un escenario como el planteado por el TPP no existiría ningún control o garantía de respeto a libertad de expresión en internet.


La precarización de la salud

Otro de los temas polémicos del TPP es el endurecimiento de las patentes de medicamentos. Organizaciones internacionales como Doctors Without Borders han dicho que este acuerdo “está a punto de convertirse en el tratado más dañino en términos de acceso a medicinas en los países sub-desarrollados.” Las condiciones del artículo artículo QQ.E.12 del TPP benefician sin tapujos a los intereses de las grandes farmacéuticas, a la vez que ponen en riesgo la vida y la salud de millones de personas.

Imagen de Wikileaks

Imagen de Wikileaks

Estas condiciones buscan expandir indefinidamente el plazo de las patentes de medicamentos mediante la posibilidad de “patentes de segundos usos”. Actualmente, el artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial prevé que las patentes se otorgan por un plazo máximo de 20 años. Si México firma el TPP, ese plazo podría extenderse una y otra vez sin límite alguno.

Adicionalmente, el artículo QQ.E.12 extiende la protección a los medicamentos biológicos (como vacunas y medicamentos para cáncer y VIH) a cinco años para los “datos de prueba” y tres años adicionales para el plazo de “farmacovigilancia.” En palabras sencillas: los laboratorios de genéricos no tendrán acceso a las pruebas e informaciones que permiten revelar los efectos secundarios y adversos de los medicamentos sino hasta después de ocho años. Sin esta información, los medicamentos genéricos no pueden producirse, lo cual básicamente implica la desaparición de genéricos para este tipo de medicinas.

En México, dado el deficiente sistema de salud pública, los genéricos abarcan el 84% del mercado de medicinas e implican un ahorro de 1.3 millones de pesos a los sectores más pobres de la población. Quitarlos del mercado implicaría violar el derecho a la salud de los sectores que no pueden pagar los medicamentos de patente. Se pondría así en riesgo la vida de decenas de miles de pacientes con enfermedades terminales como cáncer y VIH que no podrán esperar ocho años a que las protecciones caduquen. (La página tppkills.org ha documentado casos internacionales específicos al respecto.)


El golpe a la soberanía

Otro tema polémico más es que, como se ha revelado en el capítulo filtrado sobre inversiones, el TPP permite que las empresas multinacionales cuyos intereses estén protegidos por el tratado puedan demandar a los países miembros por cualquier conducta o legislación que afecte las ganancias esperadas por alguno de sus inversionistas. ¿Bajo qué esquema democrático las empresas podrían tener derecho a intervenir así en las políticas internas de una nación?

Supongamos, por ejemplo, que México decide empezar una campaña de salud en contra de los cigarros de tabaco. Si la campaña funciona y la venta de cigarros disminuye, Phillip Morris y Marlboro pueden demandar a México y exigir que se les compense por la pérdida sufrida en las ganancias de su negocio.

El problema es evidente: si en un futuro se descubre que un producto afecta la salud de las personas, en el régimen propuesto por el TPP en vez de que las empresas sean sancionadas por los daños que sus productos ocasionen, serán ellas mismas las que puedan demandar a los gobiernos por las pérdidas en sus negocios. Esto ata de manos a las naciones soberanas para la fijación de sus propias reglas, ante el riesgo de una demanda venida desde el extranjero.

Frente a la posibilidad de tantos retrocesos democráticos y violaciones a los derechos humanos, ¿por qué el gobierno mexicano se obstina en firmar el TPP? ¿Por qué no se dan explicaciones, más allá del falso ánimo progresista de firmar otro tratado de libre comercio más? ¿Por qué proteger los intereses de empresas multinacionales en detrimento de la población entera?

Ahora que las negociaciones del tratado se cerraron, tanto el presidente como el Senado de la República —las dos autoridades facultadas para celebrar tratados internacionales— deben dar una respuesta.

Gisela Pérez de Acha* escribe en  horizontal.mx

*Abogada del ITAM, especialista en temas de género y libertad de expresión en internet, y oficial de políticas públicas para América Latina en la ONG Derechos Digitales

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