Científicos mexicanos advierten sobre Ley General de Aguas

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La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), preocupados no sólo por los procesos de discusión y aprobación de la iniciativa de la Ley General de Aguas que ha sido opaco, con acuerdos escasamente democráticos, de espalda a la sociedad, sino también por los contenidos de la misma que son contrarios al artículo 4° constitucional y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y que ponen en riesgo a la sociedad y a la naturaleza es que señalamos algunos de los graves problemas que tiene la iniciativa y que son todos violatorios de la Constitución y el derecho internacional.

Así lo advirtieron hace casi un año en un comunicado sobre la posible aprobación “fast-track” de la iniciativa formulada por la CONAGUA y presentada a fines de 2014 por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), José Antonio Rojo García de Alba (PRI), Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD) en la pasada legislatura. La presión de diversas agrupaciones de ambientalistas, científicos y organizaciones sociales lograron aplazar los tiempos legislativos dentro de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, este pasado 24 de septiembre de 2015, el tema fue revivido por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza (Panal) presentando una nueva iniciativa de Ley General de Aguas. En términos generales cambian muchos de los planteamientos de la iniciativa pasada, pero continúa dejando lagunas importantes y deja la puerta abierta a prácticas de extracción como el fracking‬, además de que sigue la constante de ausencia para la consulta ciudadana.

[Aquí pueden conocer la nueva iniciativa que expide la LEY GENERAL DE AGUAS presentada por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza el 24 de septiembre de 2015 en la Cámara de Diputados.]

Cabe recordar que la organización ambientalista Greenpeace ya se ha postulado en contra de esta iniciativa del PRI, PAN y Panal ya que profundiza un modelo de gestión que ha demostrado ser insustentable, inequitativo y discriminatorio.

Tanto Greenpeace, la UCCS y diversas organizaciones consideran que la tarea del legislativo, una vez constitucionalizados el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento en febrero de 2012 deberían de desarrollar el contenido y alcance de estos derechos con base en los estándares más altos.

“La iniciativa de Ley General de Aguas dictaminada (…) es vacía de contenido sustantivo, estos derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital (art. 49) sólo para asentamientos legalmente constituidos (art. 10 XLVII)” manifestó la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua.

“En materia de derecho humano al agua y saneamiento, la iniciativa aprobada no sólo no reconoce los estándares internacionales sino que los omite y contraviene abiertamente” recalcó Nathalie Seguin de la Red de Acción por el Agua.

Asimismo, la ley debe contemplar un modelo que conserve las fuentes de agua para poder contar con agua suficiente y de calidad para la presente y futuras generaciones. Esta ley hace lo contrario, permite contaminar ríos con químicos siempre y cuando “no rebasen la capacidad de asimilación” (art. 142) pero los químicos no sólo se acumulan en el agua sino en suelo, ecosistemas y cuerpos humanos. “Además no permite el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos (art. 262 XXVI)” abundó Alessia Kachadourian estudiante de postgrado en hidrogeología. Más aún, la impunidad para contaminar se mantiene, “El Estado promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad…”. (art. 39). Si el concesionario contamina el agua, la mayor multa es de 3.5 millones de pesos (50,000 días de salario mínimo) (art. 264) mientras con las recientes tragedias sabemos que la contaminación del Río Sonora se calculó en 20 mil millones de pesos.

La propuesta de ley también promueve concesiones de enormes obras hidráulicas que tienen un uso intensivo de energía contribuyendo al calentamiento global, abundaron durante la conferencia de prensa que ofrecieron.

La evidencia alrededor del mundo ha mostrado que trasferir agua de una cuenca a otra tiene importantes consecuencias ambientales y sociales, pero con esta ley se permitiría a concesionarios hacer trasvases para cualquier uso del agua, comentaron.

Foto de Greenpeace

Foto de Greenpeace

Agua para fracking

Por otro lado, a pesar de todas las alertas internacionales sobre los fuertes impactos de la técnica del fracking tanto en la disminución de la disponibilidad del agua como en la contaminación irreversible de ésta, la ley no prevé ninguna reglamentación especial, y dadas las declaraciones previas de Conagua, al agua para fracking se le consideraría un uso más dentro del uso industrial definido como “agua para la extracción, conservación o transformación de materias primas” (art. 10, LIX). “Además es muy probable que el agua que se necesitará para esta actividad, siendo que se contempla en zonas donde ya se experimenta un estrés hídrico fuerte, vendrá de trasvases. Con esto terminan de amarrar el despojo de agua y tierra que inició este gobierno” concluyó Nathalie quien también forma parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

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